Ciudad de México: 18-Dec-2018 | 7:53 PM

CNDH.- Reconoce la CNDH la determinación tomada por el pleno de la SCJN en el sentido de invalidar la ley de seguridad interior

La determinación de la SCJN hace eco de los planteamientos de organismos defensores de derechos humanos, organizaciones civiles, académicos y activistas y ratifica la necesidad de que la materia de seguridad pública quede en manos de instituciones civiles acotando la participación de las Fuerzas Armadas.
Saludable que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contemple un enfoque de transversalidad y enuncie aspectos preventivos, los cuales deben tener mayor desarrollo pues el documento dado a conocer enfatiza acciones reactivas y basadas en el uso de la fuerza y con la intervención de las Fuerzas Armadas.
El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, reafirmó que la conducción de la seguridad pública debe estar en manos de institución y autoridades civiles, y precisó que los estándares internacionales señalan la mayor restricción posible en el uso de las Fuerzas Armadas en dicho ámbito.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) saluda y reconoce la determinación tomada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de invalidar la Ley de Seguridad Interior con una votación casi unánime, con lo cual haciendo eco de los argumentos contendios en las diferentes acciones de inconstitucionalidad que se promovieron, una de las cuales fue interpuesta por la propia CNDH, recogiendo las opiniones y observaciones de diversos organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en la materia.

La invalidez decretada por la SCJN ratifica la necesidad de que la materia de seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese campo.

En este sentido, al término de la inauguración del Congreso Nacional “Logros y Retos de los Derechos Humanos. A 70 Años de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que si bien es positivo que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contemple diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública y reconozca como premisa el respeto a los derechos humanos, es preciso que se enfatice el papel esencial que las autoridades civiles deben tener al respecto y se prevenga la subordinación de autoridades civiles a militares. Apuntó que en el documento que se hizo público se enfatizan acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza como la creación de una Guardia Nacional que, mayoritariamente, estaría conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, lo cual sería incompatible con la intención que se ha declarado en reiteradas ocasiones de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública y dejar en manos de las mismas esta materia.

Señaló que el abatimiento de prácticas violatorias a los derechos humanos como ejecuciones arbitrarias, desapariciones y tortura no se puede garantizar con la sola creación de nuevos organismos como sería la Guardia Nacional que se propone, siendo necesario para ello una política integral que, de conformidad con lo previsto por la Constitución y los estándares internacionales, haga que la seguridad pública sea responsabilidad, tanto administrativa como operativa, de autoridades civiles. Al respecto, llamó la atención sobre la necesidad de que se contemple un plan específico para la revisión, capacitación y operación de las policías civiles en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, cuestión que el Plan Nacional no incluye.

Desde la CNDH, abundó, se ha demandado, como un derecho humano, que las personas cuenten con una seguridad verdadera y efectiva, misma que no puede darse a cualquier costo, en tanto tiene que partir del respeto a los derechos humanos, a los postulados reconocidos internacionalmente en la materia y con estricto apego a nuestro régimen constitucional y democrático. Privilegiar esquemas reactivos sustentados en el uso de la fuerza no contribuirá a la pacificación del país ni al abatimiento de la violencia. La paz no se puede construir con sustento en el uso de la fuerza y el debilitamiento de las autoridades civiles.

Cuestionado adicionalmente sobre las acciones de la CNDH en favor de la “Caminata Migrante”, González Pérez puntualizó que se da acompañamiento en todo el trayecto en el que se han observado ambigüedades y tratos diferenciales, dependiendo de los lugares por donde atraviesa. Señaló que primero se privilegió una política de contención antes que el trato humanitario; y destacó que también debe haber una política de congruencia en favor de quienes sufren dolor, enfrentan necesidades y huyen de la violencia en sus países de origen. La regularización que pedimos para nuestros connacionales en Estados Unidos debe darse a las personas que cruzan nuestro país, aseguró.

El Ombudsperson nacional señaló que no ha habido suficiente atención especialmente para mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad para facilitarles mejores condiciones de tránsito, lo que no quiere decir que se incumpla la ley, sino que se haga compatible con el trato humanitario. Recordó que antes de ser migrantes son personas. Dio a conocer, asimismo, que personal de la CNDH ya está en Tijuana, Baja California, donde busca se brinde a las personas en condición de movilidad atención humanitaria y se hacen llamados a las autoridades norteamericanas para que dejen de lado los discursos de odio, xenófobos y racistas.